Desde la Federación Española de Dislexia (FEDIS) celebramos el avance que supone la publicación de la Orden PJC/804/2025, de 23 de julio, que regula las adaptaciones de medios y tiempos, así como los ajustes razonables, en los procesos selectivos para el acceso al empleo público de personas con discapacidad.
Sin embargo, manifestamos nuestra preocupación por la exclusión sistemática de las personas con dificultades específicas de aprendizaje (DEA) —como la dislexia, la discalculia o el TDAH— cuando no alcanzan el 33 % de grado de discapacidad requerido para acceder plenamente a estas medidas.
Desde FEDIS reclamamos:
- Que la próxima Ley de Función Pública en España incluya de manera explícita a los trastornos de aprendizaje como colectivo con derecho a adaptaciones y ajustes razonables, de forma coherente con las adaptaciones ya reconocidas durante las etapas educativas y universitarias.
- Que las adaptaciones no se limiten a un umbral rígido del 33 %, y que se valore la situación funcional real de la persona, tal como recoge el Real Decreto 888/2022, que reconoce grados a partir del 25 %.
- Que se garantice la continuidad en los apoyos recibidos a lo largo de toda la vida —desde la educación obligatoria hasta el acceso al empleo— en cumplimiento de los principios de igualdad de oportunidades, accesibilidad y no discriminación.
La dislexia es una condición crónica
Las personas con trastornos de aprendizaje han necesitado adaptaciones durante su etapa escolar y universitaria, y no tiene sentido que se les exija competir en procesos de selección sin los mismos apoyos que les han permitido demostrar sus capacidades en igualdad de condiciones.
La inclusión real no termina en el aula. Debe continuar en el acceso al empleo público, tal y como exige la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, ratificada por España en 2007.
FEDIS seguirá trabajando para alcanzar unas adaptaciones y ajustes en condiciones para las personas que representamos
Desde FEDIS continuamos colaborando con instituciones, juristas y legisladores para que la legislación española reconozca el impacto de las DEA también en la etapa adulta, y para que ninguna persona con dislexia u otra dificultad específica de aprendizaje quede fuera del sistema por falta de ajustes adecuados.